UNA PEQUEÑA APORTACIÓN DESDE MI HUMILDE EXPERIENCIA, SOBRE COMO SE PUEDEN INTENTAR SOLUCIONAR LOS PEQUEÑOS PROBLEMAS DIARIOS QUE SE PRODUCEN EN LAS ESCUELAS.
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miércoles, 12 de abril de 2017

¿Es "justo" judicializar las decisiones políticas de la Administración educativa?

Un juez acaba de dictar una medida cautelar para evitar la no renovación de un concierto educativo a varios colegios que lo tenían hasta ahora. La Administración, que es elegida democráticamente por los ciudadanos, había decidido, una vez acabado el plazo firmado, una no renovación, o sea, no ha cesado un convenio, que no deja de ser un contrato, sino que lo que ha ocurrido, es que, ante la falta de necesidad, no lo ha renovado. Pues bien, un juez, ha decidido con una medida cautelarísima, que había que renovarlo, porque según el mismo, había demanda de esas plazas. Lo ha hecho tras un análisis de la situación, ya no veloz, sino supersónico, y desde unas creencias personales individuales. El tema está muy politizado, incluso diría yo con un matiz religioso, y con una información periodística, bastante tendenciosa, a mi entender al menos. Como ejemplo, un medio público twiteaba ayer: 


Igualando no concertar con cerrar, no se crea en la sociedad una idea real de la situación.Un aula se puede abrir sin concierto, asumiendo los usuarios el coste de la misma. No hay que olvidar, que cerca de sus domicilios disponen del servicio con carácter gratuito, y con una calidad no digo superior, pero sí igual al menos.
Ya tuvimos actuación judicial cuando el gobierno de la Comunidad decidió reducir las horas de religión a la mitad, y eso que los centros que quisiesen podían mantener las mismas, puesto que, la orden daba la posibilidad a todos los colegios, para que decidiesen a que dedicaban hora y media semanal de su jornada lectiva. Siete meses después estamos en la misma situación y nadie ha dicho nada, por lo que me temo que empezará el próximo curso con la misma situación sin resolver tras una medida, ya digo, cautelarísima.
Pero como comentaba antes, ahora hay un matiz importante, es la no renovación de un convenio en el momento de la extinción del contrato anterior. Veámoslo desde la óptica privada que tanto gusta, además, a los que han presentado el recurso ante el juez. Si un comerciante dispone de varios locales, y en un momento álgido del negocio, necesita una expansión teniendo todos ocupados, lo lógico es que alquile otros, para poder cubrir las necesidades de sus clientes. Con la llegada de una crisis económica, el negocio va a menos, tiene que cerrar alguna tienda, manteniendo algún local de los propios vacío. Aún así espera a que acabe el contrato de alquiler de los otros, puesto que se trata de una persona cumplidora y no denuncia el contrato previamente. Una vez finalizado el contrato de alquiler, renueva aquellos de las zonas en las que no tiene un local propio cerca, pero en los que sí que lo tiene, decide no renovar el contrato para utilizar uno de sus locales en propiedad. Pues bien, el arrendatario anterior, denuncia esta situación ante un juez, y se le obliga a volver a renovar el mismo, dejando su local vacío, con la excusa que a los clientes les gusta más, y están acostumbrados a acudir al local de siempre ¿Razonable? 
Eso es lo que ha pasado, sin embargo así están las cosas. Hay un hecho que me hace reflexionar ¿No decimos todos que hay que separar los poderes del Estado? ¿Es razonable que se judicialicen decisiones políticas? Sí que tiene que haber un control por si se comete un delito. Pero tras una medida cautelar, que se toma para evitar males irreparables, el estudio debería ser también prioritario como poco para que la paralización, en caso de no ser necesaria, por ajustarse la medida a la legalidad, no  cause también un daño irreparable. El juez debe mirar por la legalidad de la medida, por nada más.
Lo curioso es que cuando se retiró el programa de compensación educativa, que dotaba a los colegios con población desfavorecida, con personal adicional y voluntario para corregir esta situación, nadie levantara la voz, nadie pidiese que se realizase un esfuerzo por esos niños, y desde luego, ningún juez decidió una paralización cautelar, a lo mejor es que estos niños/as no pudieron pagar un abogado afamado para que se hiciese cargo de la situación. En suma, el poder adquisitivo de quien sufre una medida legislativa, está condicionando futuros recursos a la misma . Me produce tristeza.